Intervención de Rafael Ángel Soler López, Fiscal Jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República de Cuba en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos

Señor Presidente:

Corresponde a la Fiscalía General de la República el control y preservación de la legalidad, sobre la base del estricto cumplimiento de la Constitución, leyes y demás disposiciones legales.

La Fiscalía atiende, investiga y responde las denuncias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos; y dicta decisiones vinculantes para restablecer la legalidad, cuando ha sido quebrantada.

Ejerce el control de la legalidad en los centros de reclusión, internamiento o detención, para velar por el respeto a los derechos individuales de las personas privadas de libertad, las condiciones de vida, el trato dado por funcionarios y autoridades, y la correcta ejecución de las penas.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley actúan con estricto apego a la legalidad. No hay espacio para la impunidad, ni leyes o reglamentos que la amparen. Si los quebrantamientos a la legalidad son cometidos por autoridades, funcionarios o sus agentes, las penas previstas son más severas.

Se reconocen, protegen y respetan todas las garantías del debido proceso. Nadie es detenido sino en los casos, la forma y con las garantías que determinan las leyes. Nadie es encausado ni condenado sino por un tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito imputado.

Existe el procedimiento de habeas corpus, como medio para impugnar la legalidad de una detención, por el cual todo privado de libertad fuera de los casos y sin las formalidades y salvaguardas previstas, debe ser puesto en libertad.

Se respetan los principios de presunción de inocencia y la carga de la prueba sobre la parte acusatoria; el derecho a la defensa y a la representación letrada; la igualdad de las partes en el proceso penal; la obligatoriedad de que todo delito debe ser probado con independencia del testimonio del acusado; y la nulidad de toda declaración obtenida mediante violencia o coacción.
Desde el triunfo de la Revolución, se erradicó la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Hemos continuado trabajando para que estas no ocurran.

Señor Presidente:

El país cuenta con un sistema nacional e integral para la promoción y protección de todos los derechos humanos. Hemos adoptado medidas, y otras se encuentran en estudio, para seguir fortaleciendo el marco jurídico-institucional de los derechos humanos. Un número importante de leyes y normas han sido actualizadas, y otras se encuentran en estudio para su modificación, cuando estén dadas las condiciones.

Los derechos de queja y petición tienen un rango superior en el ordenamiento jurídico cubano, y se complementan con el derecho de los ciudadanos a recibir la atención o respuestas por parte de las autoridades, en un plazo adecuado y conforme a la ley.

Desde nuestro examen anterior, la Fiscalía creó una dirección especializada en la protección de los derechos humanos; e implementó vías adicionales para la atención de la ciudadanía, ampliar los mecanismos para canalizar sus preocupaciones o quejas, y ofrecerle asesoría sobre temas vinculados a la protección de sus derechos.

Existen además otras instancias y mecanismos para atender las quejas y peticiones de los ciudadanos, a través de estructuras y procedimientos en los órganos y organismos del Estado y el Gobierno, tanto en las dependencias territoriales de estos como a nivel nacional, con las cuales se han afianzado los vínculos de trabajo.  

Este sistema evalúa la efectividad de los mecanismos, políticas y programas vigentes en materia de promoción y protección de los derechos humanos, y brinda seguimiento a las recomendaciones que considere oportunas, para perfeccionar su disfrute en el país, tarea que consideramos de primerísimo orden y con la que continuamos plenamente comprometidos.

Muchas gracias.

 

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