Intervención de Luis Emilio Cadaval, funcionario del Ministerio del Interior de Cuba en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos

Señor Presidente:

El perfeccionamiento del Sistema Penitenciario Cubano es una tarea priorizada por el Ministerio del Interior y otros organismos e instituciones del Estado. Hemos continuado asegurando un trato justo a las personas privadas de libertad; y condiciones de vida dignas en los centros penitenciarios, de conformidad con los estándares internacionales.

En estos centros, no existe discriminación. Todas las personas privadas de libertad, incluso las que extinguen sanciones por los delitos de mayor gravedad, reciben la misma atención. Todos reciben una alimentación adecuada; y en caso de enfermedad, la dieta alimenticia acorde a su padecimiento y estado de salud.

Es una obligación dispensar la atención médica que requieran estas personas, ya sea por haberlo solicitado o, sin haberlo hecho, porque su padecimiento sea evidente o de conocimiento de las autoridades. Incumplir estas normas está sujeto a severas sanciones.

Los establecimientos penitenciarios cuentan con las instalaciones, personal especializado y recursos para garantizar la atención médica, incluyendo estomatológica, como parte del Sistema Nacional de Salud. Como garantías adicionales, cuando el padecimiento es incompatible con el régimen de reclusión penitenciaria, es posible otorgar licencias extrapenales o modificar la sanción por una pena alternativa.

Se han continuado fortaleciendo los programas para aumentar la instrucción escolar, la educación y la capacitación técnica y en oficios de las personas privadas de libertad. También favorecemos el disfrute de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas.

Continuamos trabajando en la reinserción social, como uno de los objetivos de la labor educativa que tiene lugar en estos centros durante toda la extinción de la sanción penal.

Señor Presidente:

No hay trabajo forzoso en las prisiones cubanas. Los incorporados voluntariamente al trabajo, reciben remuneración económica por su labor y gozan de los beneficios de la Seguridad Social. Tampoco hay presos sin condena; y hemos continuado ampliando la concesión de beneficios de excarcelación anticipada.

Se garantiza que las personas privadas de libertad puedan recibir visitas de sus abogados; realizar trámites legales; presentar quejas y recibir respuestas en los plazos establecidos y conforme a la ley; y reclamar cualquier medida disciplinaria impuesta.

Las autoridades penitenciarias y sus agentes actúan en estricto apego a la legalidad. Brindan un tratamiento que se corresponde con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). La legislación penal y los reglamentos del Sistema Penitenciario establecen correcciones administrativas, y la exigencia de responsabilidad penal, a quienes den un tratamiento inferior a la protección debida y los estándares establecidos.

Estos centros están sujetos a continuos y rigurosos procesos de escrutinio y control, que realizan la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior. Lo que ocurre en estos centros es de conocimiento de la población y de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Señor Presidente:

En Cuba no se practican detenciones arbitrarias. Las detenciones se realizan conforme al procedimiento penal y cumpliendo las amplias garantías del debido proceso que establece nuestro ordenamiento jurídico. La ley establece los procedimientos y las circunstancias que ameritan la detención; así como los términos en los que el detenido debe ser sujeto a medidas cautelares, iniciársele un proceso penal o ser puesto en libertad.

No existen centros clandestinos de detención. Los lugares de detención son de conocimiento público y en ellos se atiende a la población y se brinda información, a partir de los registros de detenidos existentes.

La decisión de continuar o no el proceso penal, se evalúa en cada caso por las autoridades competentes, cumpliendo todas las garantías reconocidas por nuestras leyes; y se sustenta en la aplicación de una política penal racional, objetiva, preventiva e individualizada.

Rechazamos que se intente presentar a presos comunes como defensores de derechos humanos o prisioneros de conciencia; y que se elaboren listas ficticias de arrestos por quienes mienten sobre nuestra realidad, al servicio de la política de subversión de una potencia extranjera.

En Cuba no hay presos políticos. Las personas que extinguen una sanción penal, fueron juzgadas por tribunales competentes conforme a Derecho, por haber cometido delitos tipificados en la legislación penal ordinaria, y luego de cumplir las amplias garantías procesales reconocidas en la ley.

Muchas gracias.